La Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, que tuvo lugar en Sevilla del 30 de junio al 3 de julio, concluyó con sentimientos encontrados. Lo que se pensaba que sería una ocasión excepcional para reconfigurar las normas del sistema financiero global y avanzar en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible resultó en un documento final que ha sido fuertemente criticado por organizaciones de la sociedad civil, quienes lamentan su carencia de ambición, claridad y auténtica voluntad política.
El texto, denominado “Compromiso de Sevilla”, fue aprobado por una mayoría de países participantes, pero sin el respaldo de algunas potencias clave, como Estados Unidos, cuya ausencia marcó el tono de los debates. Para las ONG, el documento no aporta las soluciones estructurales necesarias para abordar la crisis de deuda que afecta a decenas de países en desarrollo, ni representa un impulso concreto a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), cuyo retroceso amenaza con agravar la desigualdad global.
Durante los días previos al encuentro oficial, más de 1.500 representantes de organizaciones sociales se reunieron en el Foro de la Sociedad Civil, donde se consolidaron propuestas para una reforma integral del sistema económico global. Allí se insistió en la necesidad de establecer un mecanismo multilateral, independiente y jurídicamente vinculante para la reestructuración de la deuda soberana, que garantice la participación equitativa de países deudores y acreedores, evitando que los ajustes recaigan sistemáticamente sobre los más vulnerables. Sin embargo, el documento aprobado solo menciona, de manera vaga, la apertura de un proceso de debate dentro de la ONU sobre el tema, sin compromisos concretos ni plazos.
Según voceros de distintas redes internacionales, la oportunidad histórica de actuar con decisión en este tema fue desaprovechada. Más de 60 países destinan actualmente más del 10 % de su gasto público al servicio de la deuda, superando lo que invierten en salud y educación, mientras los mecanismos actuales de reestructuración siguen siendo opacos, lentos y dominados por instituciones con escasa representatividad.
Simultáneamente, la situación de la asistencia al desarrollo continúa siendo preocupante. La AOD disminuyó un 9 % en 2024 y se anticipa otra caída este año, empeorada por las reducciones presupuestarias anunciadas por varios países donantes, como Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Esta tendencia perjudica directamente a iniciativas cruciales como la vacunación de menores, la protección de personas refugiadas, y el acceso a la educación y salud para mujeres y comunidades en riesgo. El Acuerdo de Sevilla no presenta medidas específicas para revertir esta situación, ni un calendario para lograr el objetivo del 0,7 % del PIB prometido por los países desarrollados desde hace décadas.
Aunque algunos expertos destacan avances en la propuesta de triplicar la capacidad de préstamo de los bancos multilaterales de desarrollo y el apoyo a iniciativas fiscales globales, las organizaciones sociales insisten en que esas medidas resultan insuficientes si no se acompañan de una reforma profunda de las reglas que rigen la economía internacional. Denuncian además que muchos países ricos mantienen un doble discurso: por un lado, prometen cooperación; por otro, recortan presupuestos y aumentan el gasto militar.
La ausencia de Estados Unidos fue interpretada por algunos actores como una oportunidad para que otras potencias, como la Unión Europea o China, tomen la iniciativa en la reforma del sistema. Sin embargo, ese vacío también dejó sin uno de los principales financiadores y actores influyentes, lo que debilitó el alcance político del encuentro.
Las organizaciones no gubernamentales están de acuerdo en que el evento en Sevilla incluyó aspectos favorables, como la aceptación de la importancia de conectar el financiamiento al desarrollo con la batalla contra el cambio climático. Sin embargo, critican la carencia de medios específicos para asegurar su ejecución. También exigen que la intervención de la sociedad civil tenga un papel más decisivo en reuniones futuras, y no sea simplemente simbólica.
Con la Agenda 2030 en riesgo y una deuda mundial creciente, la comunidad internacional tuvo en Sevilla un momento para ajustar las normas del juego. No obstante, el desenlace ofreció más incógnitas que soluciones. Para los activistas, el auténtico compromiso no se evalúa a través de declaraciones diplomáticas, sino mediante decisiones políticas que redistribuyan recursos, reconozcan responsabilidades pasadas y aseguren el derecho al desarrollo para todos los países. Hasta que eso suceda, los compromisos continuarán siendo, según palabras de los mismos participantes, buenas intenciones sin efecto tangible.
