El documento preparado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desvelado la posible participación de la empresa multinacional Acciona en una trama corrupta organizada desde los altos mandos del Partido Socialista. De acuerdo con los agentes, la compañía habría pagado cientos de miles de euros como comisiones ilegales para garantizarse contratos públicos importantes, en un esquema dirigido directamente por Santos Cerdán, antiguo secretario de Organización del PSOE.
Más de 600.000 euros en pagos irregulares
La UCO ha registrado el desembolso de al menos 620.000 euros en sobornos relacionados con concesiones específicas a beneficio de Acciona. Según el informe, las sumas fueron gestionadas mediante intermediarios próximos a José Luis Ábalos y a su asesor de ese momento, Koldo García. Todo esto ocurrió bajo la supervisión directa de Santos Cerdán, a quien los agentes identifican como el responsable de coordinar las cantidades, los destinatarios y las fechas de los pagos.
Asimismo, se estudia una segunda cantidad de cerca de 450.000 euros ligada a otros contratos concedidos más recientemente, lo cual sugeriría que el esquema de corrupción persistió aun después de los primeros signos públicos de irregularidades.
Licitaciones diseñadas a medida
Los contratos cuestionados pertenecen a proyectos de gran envergadura en obra pública —como infraestructuras de ferrocarriles, autovías y sistemas urbanos— entre los años 2018 y 2021, en áreas administradas por el PSOE. La UCO indica que los términos técnicos de estos concursos estaban elaborados de manera que se adaptaban casi exclusivamente a la propuesta de Acciona, eliminando cualquier competencia real.
El informe detalla cómo los contratos se preparaban para garantizar la concesión a la empresa, a cambio de pagos pactados de antemano. Se trataba, en palabras de los agentes, de una “estructura perfectamente articulada” en la que el poder político intervenía directamente para favorecer a determinadas empresas a cambio de beneficios económicos.
La función de Santos Cerdán
Uno de los elementos más destacados del reporte es cómo Santos Cerdán se ha destacado como pieza fundamental en la distribución y administración de los sobornos. La Guardia Civil afirma que Cerdán no solo estaba al tanto del sistema de pagos, sino que desempeñaba una función directiva en su implementación. Las conversaciones registradas muestran cómo se fraccionaban, discutían y repartían las sumas, de acuerdo al contrato concedido.
Esta posición de control convierte a Cerdán en el principal vínculo entre el poder institucional del PSOE y las empresas beneficiadas por la trama.
Reacciones y silencio institucional
Ante la contundencia del informe, Acciona ha anunciado una investigación interna, desvinculando a su actual dirección de los hechos investigados. Sin embargo, el daño reputacional ya está hecho. La aparición de un exdirectivo de la empresa en los documentos analizados por la UCO ha reavivado el debate sobre la connivencia entre grandes compañías y el poder político.
Por su parte, el Gobierno guarda silencio. La cúpula del PSOE evita pronunciarse sobre un caso que ya ha provocado la dimisión de altos cargos y que amenaza con erosionar aún más la legitimidad del Ejecutivo.
El informe de la UCO confirma lo que hasta ahora eran sospechas dispersas: que una de las principales constructoras del país habría participado en un sistema corrupto para asegurarse contratos públicos, orquestado desde el corazón del partido que gobierna España. Si se confirman judicialmente los hechos, se trataría de una de las tramas de corrupción más graves de los últimos años, tanto por la magnitud económica como por el nivel jerárquico de los implicados.
Este caso no solo compromete a Acciona, sino que pone en tela de juicio el uso del poder institucional con fines particulares. El tiempo dirá si las consecuencias políticas estarán a la altura de la gravedad de los hechos revelados.
